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Desde hace más de 25 años problemas de salud y degradación ambiental afectan enormemente la comunidad minera de Abra Pampa, en la provincia de Jujuy. La falta de acceso a la información y la inacción de los gobiernos, tanto nacional como provincial, impiden remediar la situación. Los habitantes de Abra Pampa, Jujuy, una comunidad minera pobre y mayormente indígena cerca de la frontera con Bolivia, sufren graves consecuencias sanitarias y ambientales relacionadas con la minería. Así lo señala un informe publicado ayer por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas que documenta los fracasos del Gobierno Argentino para tratar con las crisis sanitarias y ambientales en la localidad. El trabajo indica que Metal Huasi, una fundidora de plomo que operó en Abra Pampa por aproximadamente 30 años, emitía contaminantes que provocaron degradación ambiental y problemas de salud, incluyendo el envenenamiento por plomo en más de un 80% de los niños de Abra Pampa. El gobierno federal y provincial tampoco reaccionaron para mejorar la situación a finales de 1980, cuando la empresa cerró dejando más de quince mil toneladas de pilas de desechos en el centro de la ciudad de Abra Pampa, de los cuales, por lo menos 900 toneladas contenían altas concentraciones de plomo. En colaboración con Clínica de Derechos Humanos, y en el marco de su trabajo en materia de derecho de Acceso a la Información Pública, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), realizó diversas solicitudes de información pública dirigidas tanto al Poder Ejecutivo Nacional como a la Provincia de Jujuy, todas ellas destinadas a conocer estudios ambientales, acuerdos y acciones gubernamentales sobre planes de reparación y saneamiento en dicha región. Sin embargo, sobre 11 pedidos de información realizados, que contenían 44 preguntas, en un solo caso se recibió la información requerida. Ninguna de las solicitudes enviadas a organismos provinciales de Jujuy tuvo respuesta, y sólo la Defensoría del Pueblo de la Nación brindó acceso a las denuncias relacionadas con el caso. En el contexto de Abra Pampa, esta negación de información pública acerca de los efectos dañinos de la contaminación de la fundidora de plomo Metal Huasi restringe derechos básicos que poseen todos los ciudadanos, especialmente en el ámbito de la salud pública. El informe también denuncia que a pesar de que el Gobierno Argentino estaba al tanto de los problemas en Abra Pampa, tanto funcionarios locales como nacionales, han minimizado la gravedad de la situación sanitaria y ambiental en la ciudad. El Estado no se ha ocupado de proporcionar tratamiento médico significativo, educar a la comunidad sobre las consecuencias sanitarias de la exposición a residuos tóxicos de metales pesados, y tomar medidas proactivas para evitar que continúe la contaminación. La única medida tomada por las autoridades gubernamentales para contener a los residuos tóxicos que aún permanecen en la localidad, concluye el informe, fue la instalación de cercas alambradas para mantener a los residentes alejados. Como lo explica Ariel Dulitzky, Director de la Clínica de Derechos Humanos: "El gobierno argentino ha sido lento en reconocer los problemas en Abra Pampa. Y cuando finalmente lo hizo, respondió de forma inadecuada, contribuyendo a los problemas ambientales con prácticas de saneamiento ambiental pobres, asignando recursos insuficientes para supervisar y resolver los problemas de salud, y operando con una falta general de transparencia que mantiene a la comunidad en la oscuridad sobre lo que está sucediendo en su ciudad." Fuente: ADC Asociación por los Derechos Civiles